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La diputada de dicho Departamento, Cristina Villalba, comunicó que igualmente las obras inconclusas “provienen de 2012 y 2013, que son viviendas a nivel de techo y a nivel de altura de pared.

Las casas debieron construirse en el área indígena, pero también en el sector urbano y semiurbano, son entre 300 y 400 viviendas, en especial en el área indígena. También se dio que empresas abandonaron sin terminar”, denunció.

Al igual que en el Departamento Central, donde el monto desembolsado oscila los G. 16.000 millones, igual perjuicio habría en Canindeyú. “Lo que queremos saber es la situación jurídica para ver si vamos a proseguir o ya queda en esa situación”, afirmó Villalba.

Mencionó que son otros contratistas, pero que habrían operado de la misma forma.

“Allá son otras empresas, son empresas que están radicadas en Coronel Oviedo; tuve contacto con ellos y me dijeron que verían en Hacienda cuál es la situación”, acotó.

Abogó porque la Fiscalía haga el seguimiento de la denuncia, ya que aseguró que, independiente al caso, las personas precisan de su vivienda. El pleno de Diputados aprobó ayer la declaración de instar a que la Fiscalía pueda proseguir la investigación. “Queremos ver en qué etapa está todo e, independiente al proceso, conseguir que la gente obtenga terminada su vivienda”, dijo.

La investigación no avanza y quienes estuvieron al mando del gobierno de 2012 a agosto de 2013 no aportaron datos. Por ejemplo, el ex presidente Franco tiró el fardo a sus ex secretarios de Senavitat. Para la actual ministra, Soledad Núñez, el caso es una estafa.