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Los superintendentes de la VI Circunscripción Judicial, Sindulfo Blanco y Gladys Bareiro de Módica (ministros de la Corte Suprema de Justicia) son sindicados de supuestamente habilitar el edificio del Tribunal Penal sin reunir las condiciones de seguridad. La acción penal también fue contra el exministro de la Corte, Víctor Núñez, quien quien ocupó un cargo similar en el X departamento y a la propietaria del edificio, Susanne Wibi. Los supuestos delitos denunciados son: lesión de confianza, actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajos peligrosos y omisión de dar aviso de un ilícito.  La acción promovida por el Colegio de Abogados del Alto Paraná fue a raíz del hundimiento de las zapatas del bloque 1 del edificio del Tribunal Penal y su inminente derrumbe, en la penúltima semana de marzo pasado. En el predio funcionaban los juzgados y tribunales penales y unos 500 funcionarios trabajaban en el lugar. El edificio se evacuó por falta de garantías de seguridad. La denuncia refiere que Blanco, Bareiro de Módica y Núñez, en su cáracter de superintendentes en aquel entonces, de la VI Circunscripción, en supuesta complicidad con Wibi y McLeod de Zacarías habilitaron irregularmente el edificio de la sede penal, ubicado en el barrio Boquerón. Los abogados señalaron que un informe de bomberos voluntarios indicaba que el predio no reunía las condiciones de uso y necesitaba una adecuación para la seguridad de las personas que acuden al sitio. A pesar del informe bomberil, el predio fue habilitado por la municipalidad y las autoridades de la Corte, según resalta el escrito de la denuncia. Los miembros del Colegio de Abogados también señalaron que el edificio donde funciona la parte civil, ubicado en el Área 2, tampoco está en condiciones. Parte de la estructura del predio se derrumbó años atrás.  Los abogados solicitaron la imputación de los denunciados y se reservan el derecho de ampliar la denuncia contra otras personas que estarían implicadas en los ilícitos denunciados, según consta en el escrito. La fiscal Cinthia Leiva fue sorteada para investigar los supuestos delitos. Deslinda responsabilidad A través de un informe de prensa, la intendente Sandra McLeod de Zacarías (ANR), dijo que el edificio del Tribunal Penal fue habilitado por el exintendente Agileo Miño Giret, en 1996. Además, el documento señala que el local fue inspeccionado por bomberos y su habilitación no fue irregular. Agrega que las grietas en las zapatas aparecieron luego de 20 años de su uso, y por esa razón,  clausuraron el sitio, según Vanguardia.