Un auditor del Ministerio de Salud presentó una denuncia penal ayer en la Fiscalía de Ciudad del Este por supuestos cobros indebidos por cirugías a pacientes del Hospital Distrital de Presidente Franco. Según la denuncia la práctica consistía en usar el quirógrafo, instrumentales e insumos para hacer cirugías, con un aparato ajeno a la institución. Por este procedimiento, se cobraba de manera irregular a los enfermos. La acción se planteó tras el inicio de una auditoría que está en proceso.
Cristian Benítez, director de sumarios de dicha cartera de estado presentó la denuncia penal ayer a la mañana. Según el relato de los hechos, la acción fue planteada a raíz de una denuncia ciudadana, a través de la cual se enteraron del supuesto cobro indebido para cirugías. María Aguilera había hecho una queja pública sobre el supuesto pedido de G. 300.000 a G. 3.000.000 para hacer los procedimientos quirúrgicos. Esto había motivado una auditoría interna, a cargo del licenciado Ramón Martínez, director general del área. En una de las verificaciones se constató que en el quirófano del centro asistencial había un aparato de laparoscopía que no era patrimonio del ministerio. Como pasaron dos días y nadie se presentó como dueño y el auditor no recibió respuestas de los funcionarios, lacró el equipo para ponerlo a disposición del Ministerio Público, según explicó ayer en una conferencia de prensa.
El proceso de auditoría sigue, pero la denuncia quedó formalizada ayer en la Fiscalía de CDE, por orden del ministro de salud, Antonio Barrios, según explicó Benítez.
“Se conformó un equipo auditor y se constató ciertas irregularidades que llaman la atención y que podrían constituir hechos punibles. La sospecha que tenemos a prima facie es que se estaría cobrando por cirugías. Nuestra preocupación es saber si eso es verdad o no, pero de eso se encargará el Ministerio Público, no puedo opinar al respecto”, dijo.
Ramón Martínez explicó que indagarán sobre varios puntos y que la auditoría durará al menos dos meses.
Además, la comitiva de investigación está integrada por la abogada Inés Martínez, jefa de unidad de corrupción de la misma cartera.
Martínez recordó a la ciudadanía que todos los servicios son totalmente gratuitos y que denuncien si se les pide pagar.
Ayer intentamos obtener la versión del director del centro asistencial franqueño, Alfredo Meza, pero no atendió nuestras llamadas, según Vanguardia.