El diputado liberal Fernado Nicora se defendió ayer de la nueva imputación en su contra, consistente en una supuesta estafa por el alquiler irregular de un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Ciudad del Este. Dijo que se siente un “perseguido” y que la nueva causa tiene un trasfondo político aunque no expuso detalles respecto a esta tesis.
“Me siento perseguido, desvalido así como pisoteado en mis derechos”, declaró el legislador del Departamento de Presidente Hayes.
Al mismo tiempo dijo que la Fiscalía no le brinda garantías y es por eso que no confía en el proceso.
“No puedo ponerme a predisposición de quienes alegremente te imputan. A mí no me llamaron a declarar, no estaba enterado de nada”, al tiempo de agregar que “por lo que salió (en la prensa), ya estoy condenado. Además me acusan de estafador, cuando que la parte contratante nunca dijo sentirse estafada”, agregó.
Sostuvo que la Fiscalía, así como supuestamente en su primera imputación, no obró conforme derecho e hizo todo de forma arbitraria. “En el Código Penal se habla de secreto en el sumario entre las partes. A mí ni siquiera me llamaron a una informativa, ni se me notificó”, afirmó.
Para Nicora no existió estafa en el proceso de contratación entre el comerciante libanés Nabil Bahkat Nasser, la Suisse Investment Corp SA y la administración a cargo de Puertos que entonces encabezaba y que en enero de 2013 dispuso el alquiler de la finca 851 ubicada en la zona primaria del Puente de Amistad
Sostuvo que con el contrato, Puertos no perdió sino que ganó en la tratativa. “Fue un contrato de primer mundo, hubo cláusulas ventajosas para el Estado. Se actuó de buena fe”, comentó.
Dijo que incluso en la actualidad la administración de Puertos pretende arrendar toda la zona portuaria correspondiente a la cabecera del Puente de la Amistad en lado paraguayo. Se quejó de que solo en su caso el hecho se calificó como delito. Cabe decir que la imputación presentada por el fiscal anticorrupción Martín Cabrera, también es en contra de ex miembros del Directorio de la ANNP.
Caso. La Contraloría, la Procuraduría General de la República y la actual cúpula de la ANNP coinciden en que el contrato fue irregular. La firma en principio depositó G. 30 millones desde enero de 2013 hasta mayo de 2014. A partir de junio de 2014 hasta mayo de 2015 realizó los depósitos en una escribanía pública.
Fuente:Ultima Hora