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Revocan medidas a policía “gatillo fácil” y queda recluído en la Jefatura
Ayer miércoles prosiguió el juicio oral y público contra el suboficial Narciso Cañete, acusado de balear al joven Anderson Medina, durante un procedimiento irregular en Julio de 2012. El mismo gozaba de una medida alternativa a la prisión, que los jueces de sentencia decidieron revocarle ayer, por lo que al término de la audiencia pública, el policía “gatillo fácil” fue trasladado directamente a la Jefatura de Policía del Alto Paraná, donde deberá permanecer privado de libertad hasta la conc
Tanto la agente fiscal de Derechos Humanos, Liliana Zayas quien investiga el hecho y Mauro Barreto, abogado querellante están confiados en que el acusado sea condenado por el tribunal de sentencia conformado por las magistradas Zunilda Martínez (presidente), Haidee Barboza y Alba Meza, teniendo en cuenta las pruebas irrefutables con que cuenta la Fiscalía.
Según Barreto, existen pruebas suficientes para que el ahora sentado en el banquillo de los acusados sea condenado, pues todos los informes indican la culpabilidad del suboficial Cañete en el hecho que casi acabó con la vida de Anderson Cañete.
REVOCARON MEDIDA ALTERNATIVA
En el transcurso de la audiencia pública llevada a cabo ayer, la Fiscalía solicitó el levantamiento de la medida alternativa de la cual gozaba el agente policial y por su parte el tribunal de sentencia, decidió por unanimidad acceder al pedido y revocar de inmediato la medida y ordenó la remisión inmediata del acusado a la Jefatura de Policía del Alto Paraná al término del juicio oral y público.
TESTIGOS
Ayer se realizó una inspección judicial en el lugar donde ocurrió el hecho, sitio hasta donde fueron los miembros del tribunal, el acusado junto a sus defensores, la fiscal del caso y la querella, además de testigos del caso a los efectos de que las magistradas pudieran tener mayor perspectiva de lo que realmente ocurrió el 12 de julio de 2012.
Unos 15 testigos ya fueron oídos en el marco del juicio oral que debe concluir hoy. Todo indica que el acusado será condenado a la pena máxima de 15 años solicitada por la Fiscalía y la querella adhesiva ya que hay pruebas suficientes, según La Jornada.
